SIPAZ informa:

Preocupación por la vida y la situación jurídica de detenidos. Acciones de criminalización de la protesta social y del trabajo de defensores de derechos humanos.

El Servicio Internacional para la Paz expresa su fuerte preocupación por una serie de hechos derivados de la detención de 6 Indígenas Tzeltales habitantes del Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas. Los detenidos sufrieron entre otros: tortura, malos tratos; falta de acceso adecuado a asistencia jurídica y a un traductor que hable su idioma; incomunicación; estigmatización en medios de comunicación.

Por otro lado, integrantes de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón organizaron un bloqueo para exigir la liberación de los detenidos. Unos días después se detuvo a dos personas que fueron reportadas desaparecidas por varios días. También se denunciaron múltiples acciones de represión y criminalización de la protesta social y de defensores de derechos humanos que han dado seguimiento a los casos.

Hechos:

El lunes 13 de abril del 2009, Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara y Jerónimo Moreno Deara, indígenas tseltales, habitantes del Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP). Son adherentes a “La Otra Campaña”, un esfuerzo político convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 2005. Actualmente se encuentran arraigados en la casa de arraigo, la “Quinta Pitiquito” en el municipio Chiapa de Corzo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció su detención arbitraria, actos de Tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes en contra de estas 6 personas así como violaciones a sus garantías judiciales. Después de entrevistarlas, han difundido una acción urgente y varios comunicados conteniendo testimonios de los arraigados acerca de la arbitrariedad de su detención y de las violaciones de sus derechos humanos en la hora de la detención y luego en la casa de arraigo “Quinta Pitiquito” en el municipio Chiapa de Corzo donde fueron negadas sus garantías a un juicio justo, como son el contar con un traductor en su idioma y con un abogado que conozca su cultura para la adecuada defensa según el marco establecido por la Constitución Mexicana.

Por otro lado, la Procuraduría General del Estado (PGJE), en inserción pagada el mismo día en el periódico La Jornada y el Cuarto Poder, publicó la fotografía de los seis detenidos, calificándolos de “asaltantes”, violando su honra y dignidad, dado que judicialmente no se les ha podido demostrar aún los delitos que se les imputan, estigmatizándolos como delincuentes ante la sociedad, en una clara vulneración al derecho de presunción de inocencia.

El 15 de abril, se inició un bloqueo carretero en el Crucero de Agua Azul, municipio de Chilón por integrantes de La Otra Campaña del Ejido San Sebastián Bachajón, para exigir la liberación de sus 6 compañeros detenidos. Según testimonios, aproximadamente a las 17.00 hrs de ese día, en el lugar en donde se realizaba el boqueo “llegaron dos camiones del Ejército Mexicano y un camión de tres toneladas que hicieron 6 disparos al aire”. A pesar de este evento intimidatorio, el bloqueo carretero continuó, mientras fuentes oficiales anunciaron que “fuerzas federales, desalojarían el bloqueo carretero”.

El día de 17 de abril, alrededor de las 12 hrs. el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas recibió información que aproximadamente 800 efectivos policíacos se dirigían hacia Agua Azul, Municipio de Chilón, donde se encontraba el bloqueo carretero. Informó en un comunicado actualizando la información de la acción urgente que a la hora en la que llegaron los efectivos policíacos, el bloqueo había sido ya levantado por decisión de los propios manifestantes. Pese a esta actitud pacífica de los miembros de La Otra Campaña para evitar confrontaciones, los efectivos policíacos realizaron actos de provocación. Robaron dinero y documentos que los adherentes de La Otra Campaña tenían guardado en la caseta de control que tenían a la entrada del centro turístico de las casacas de Agua Azul recuperada el día 18 de junio de 2008, caseta que fue destruida.

Durante el transcurso del sábado 18, se mantuvieron destacamentos de la PEP en el Crucero de Agua Azul y en Xanil, recorridos periódicos de patrullas de la PEP y de la Policía Estatal de Caminos y sobrevuelos de un helicóptero.

Este mismo día miembros del  CDHFBC  recibieron información de la detención de Alfredo Gómez Moreno, de la comunidad de Xanil, quien al parecer fue detenido por miembros de la PEP por señalamientos del Sr. Juan Carlos Jiménez Hernández, miembro de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), quien se encontraba con los efectivos policíacos. El CDHFBC señaló que la relación entre miembros de la OPDDIC y funcionarios de seguridad pública y autoridades de investigación ha sido un patrón reiterativo en esta zona, con la finalidad de inculpar a los adherentes de La otra Campaña e integrantes del EZLN.

La mañana del día 19 de abril, el mismo Centro de Derechos Humanos recibió información telefónica de miembros de La Otra Campaña, quienes informan que el sábado 18 de abril, alrededor de las 9 de la noche, fue detenido Miguel  Vázquez Moreno, identificado como Base de Apoyo del EZLN, en el crucero de Agua Azul. La detención fue realizada por miembros de la PEP. Al momento no se sabe de su paradero y mucho menos cual es su situación jurídica. A las otras dos personas que iban con el Sr. Miguel las mantuvieron privadas arbitrariamente de su libertad en su propio vehículo desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana del domingo.

En varios periódicos de Chiapas el 21 de abril se presentó los participantes en el bloqueo carretero realizado como manifestación en solidaridad y para la liberación de los presos como integrantes de una banda delictiva. Empresarios de la región Selva de Chiapas “lamentaron que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas defienda a delincuentes”.

Independiente de los hechos delictivos que todavía quedarían por comprobar, cualquier estado de derecho prohíbe y criminaliza de manera más contundente la violación de los derechos humanos de cualquier ser humano. Cabe recordar también que no solo es el estado su garante, sino también la instancia que únicamente puede ser culpable por acción u omisión de la violación de los mismos. 

Recomendaciones:

Ante claras violaciones y el riesgo a que se generen más actos arbitrarios y violatorios a los derechos humanos contra los miembros los adherentes a Las Otra Campaña, del ejido San Sebastián Bachajón, SIPAZ exhorta a la sociedad civil a solicitar:

  • La liberación inmediata de las personas arraigadas en la Quinta Pitiquitos, en Tuxtla Gutiérrez por haber sido objeto de violaciones a derechos humanos.
  • Solicitar que se investiguen a los elementos policíacos y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que participaron en los hechos.
  • Se garantice el derecho de manifestación y protesta, así como la integridad personal los miembros de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, por denunciar los actos arbitrarios de autoridades estatales y federales.
  • No criminalizar a las personas detenidas ni fallar en respeto a su dignidad publicando fotos en medios como si ya fueran sentenciadas y culpables de los hechos.
  • Buscar vías de solución pacificas y dialogadas a las demandas sociales de los pueblos y sus organizaciones, así como la liberación inmediata de las personas detenidas.
  • Respetar el trabajo de los defensores de derechos humanos y promover una cultura de derechos humanos en el estado en el que los organismos de defensa y promoción de garantías individuales y colectivas puedan hacer su labor sin ser tachados de defensores de delincuentes.
  • Respetar los derechos de los pueblos indígenas y exigir que el estado no caiga en la tentación de resolver los desacuerdos por la exigencia de autonomía a través de masacres como la de Chinkultik el 3 de octubre del año pasado.

LLAMAMIENTOS A:

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99. Col. Juárez, Del Cuauhtémoc
México D.F., CP 06600 MÉXICO
Fax: + 52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx

Mtro. Raciel López Salazar
Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas
Libramiento Norte y Rosa del Oriente, no. 2010
Col. El Bosque,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, CP 29000, MÉXICO
Fax: + 52 961 616 5724
Correo-e.: raciel.lopez@mje.chiapas.gob.mx

Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno,  1º piso, Col. Centro
C.29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 618 8088
Correo-e.: juansabines@chiapas.gob.mx

Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Edificio “Héctor Fix Zamudio”, 6° piso
Blvd. Adolfo López Mateos n° 1922, Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón
México D.F., C.P. 01040, MÉXICO
Fax: +52 55 5681 7199

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Ejemplo de carta:

PRESENTE

Respetado XXX (Titular y su cargo),

A través de la presente, queremos expresar nuestra fuerte preocupación por una serie de hechos derivados de la detención de 6 Indígenas Tzeltales habitantes del Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas. Los detenidos sufrieron entre otros: tortura, malos tratos; falta de acceso adecuado a asistencia jurídica y a un traductor que hable su idioma; incomunicación; estigmatización en medios de comunicación.

Por otro lado, integrantes de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón organizaron un bloqueo para exigir la liberación de los detenidos. Unos días después se detuvo a dos personas que fueron reportadas desaparecidas por varios días. También se denunciaron múltiples acciones de represión y criminalización de la protesta social y de defensores de derechos humanos que han dado seguimiento a los casos.

Por ello, le exhortamos a:

  • Liberar inmediatamente a las personas arraigadas en la Quinta Pitiquitos, en Tuxtla Gutiérrez por haber sido objeto de violaciones a derechos humanos.
  • Investigar a los elementos policíacos y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que participaron en los hechos.
  • Garantizar el derecho de manifestación y protesta, así como la integridad personal los miembros de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, por denunciar los actos arbitrarios de autoridades estatales y federales.
  • No criminalizar a las personas detenidas ni fallar en respeto a su dignidad publicando fotos en medios como si ya fueran sentenciadas y culpables de los hechos.
  • Buscar vías de solución pacificas y dialogadas a las demandas sociales de los pueblos y sus organizaciones, así como la liberación inmediata de las personas detenidas.
  • Respetar el trabajo de los defensores de derechos humanos y promover una cultura de derechos humanos en el estado en el que los organismos de defensa y promoción de garantías individuales y colectivas puedan hacer su labor sin ser tachados de defensores de delincuentes.
  • Respetar los derechos de los pueblos indígenas, y no resolver los desacuerdos por la exigencia de autonomía a través de masacres como la de Chinkultik el 3 de octubre del año pasado.
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