El gobierno de Guerrero
fue negligente y omiso para investigar
las ejecuciones extrajudiciales de Raúl y Manuel
Las viudas de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y las organizaciones abajo firmantes consideramos que la recomendación 78/2009 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 28 de diciembre del 2009 y publicada el día de hoy en diversos medios de comunicación, pone al descubierto las inconsistencias y omisiones que cometieron las autoridades estatales y municipales de Guerrero, quienes por su negligencia y falta de profesionalismo y compromiso con las víctimas permitieron que se consumaran las ejecuciones extrajudiciales de Raúl y Manuel, dos indígenas defensores de derechos humanos del pueblo Na savi y miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) con sede en Ayutla de los Libres
La presente recomendación es una muestra del ambiente de inseguridad y de terror que se ha arraigado en varias regiones del estado de Guerrero por la inoperancia y la descomposición que padece el sistema de justicia estatal, que se ha hecho rehén de la corrupción, y que ha colocado en una situación de indefensión extrema a las víctimas y a sus mismos familiares, propiciando con ello un ambiente de impunidad favorable a quienes han perpetrado crímenes de lesa humanidad.
La recomendación ilustra de manera fehaciente la inacción de las autoridades competentes que hicieron caso omiso a la solicitud de intervención por parte de sus familiares para investigar los hechos y dar con el paradero de Raúl y Manuel, y lo más grave es que no cumplieron con las funciones básicas establecidas en las leyes fundamentales. Todo el aparato de justicia se desentendió de estos casos hasta que los familiares y los organismos civiles de derechos humanos nos vimos obligados a iniciar una presión nacional e internacional para obligar a que las autoridades cumplieran con la responsabilidad de investigar estos delitos y salvaguardar los derechos humanos de las víctimas.
La recomendación da cuenta que el Ministerio Público no abrió una investigación formal limitándose a elaborar sólo un acta ministerial, cuando en nuestro estado se encuentra tipificado desde el 2003 el delito de desaparición forzada de personas. Cinco días después de la desaparición de Raúl y Manuel las actuaciones permanecieron sin actividad, fue hasta el 18 de febrero ante la presión nacional e internacional que se empezaron a realizar algunas diligencias; no se abrieron todas las líneas de investigación que permitieran conocer la verdad histórica de los hechos; no se dictaron medidas de protección para las víctimas y sus familiares así como para los testigos; no se brindó atención médica y psicológica; el ministerio público omitió preservar la escena del crimen e instruir a los peritos correspondientes para recabar las pruebas e indicios y otros vestigios que permitieran dar con el paradero de Raúl y Manuel así como con los responsables; también el Ministerio Público omitió realizar una búsqueda y localización de Raúl y Manuel; no solicitó la intervención de los cuerpos de seguridad para tal fin. Todas estas irregularidades y omisiones propiciaron que días después los cuerpos de los defensores aparecieran sin vida.
Tampoco el secretario estatal de Seguridad Pública, el presidente municipal y el director de seguridad pública municipal de Ayutla cumplieron con su responsabilidad de activar los mecanismos de prevención, a fin de evitar que la desaparición de Raúl y Manuel deviniera en una ejecución extrajudicial. Permanecieron escépticos desde su desaparición pese a que tres días después de ocurrida el caso era noticia nacional e internacional. Es inconcebible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidencia de la Unión Europea y otros organismos internacionales hayan manifestado su preocupación, mientras que el secretario de Seguridad Pública, el presidente municipal y el director de seguridad pública municipal permanecieran indiferentes ante los delitos de lesa humanidad que implicó la desaparición forzada de Raúl y Manuel.
Por todo lo referido, el gobierno estatal y municipal es corresponsable del asesinato de los defensores mixtecos. La inacción y la falta de profesionalismo de las autoridades ha propiciado que a la fecha el expediente DGCAP/DF/49/09 mediante el cual se investigan los hechos, se encuentre viciado de origen lo que a su vez genera que no se pueda dar con los responsables.
Esta situación de indefensión obligó a que las viudas solicitaran la atracción del caso ante la Procuraduría General República (PGR) como una medida más eficaz que pudiera garantizarles el acceso a la justicia y a la implementación de una investigación imparcial, objetiva y profesional; hasta el momento la PGR se encuentra realizando las indagatorias correspondientes para poder dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales.
Ante la gravedad del caso, esta recomendación es la mínima contribución que se le está demandando a las diferentes autoridades del estado para subsanar los graves daños ocasionados a sus familiares y con ello mostrar su disposición para coadyuvar en las investigaciones, salvaguardar los derechos humanos de los familiares de Raúl y Manuel, y proceder contra las autoridades responsables, y garantizar la no repetición de estos actos.
Por otra parte, como viudas de Raúl y Manuel e integrantes de organizaciones sociales y civiles queremos manifestar que la presente recomendación de la CNDH es limitada en razón de que: no reconoce en ningún momento a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas como defensores de derechos humanos y que sus ejecuciones fueron consecuencia de su compromiso por la promoción y defensa de estos derechos. También omitió pronunciarse sobre los actos de tortura de los que fueron objeto y tampoco enmarcó estos graves crímenes como ejecuciones extrajudiciales, dando por concluido el caso, cuando es del conocimiento público que ha sido atraído por la PGR y que en consecuencia las investigaciones siguen vigentes.
Las organizaciones y familiares de las víctimas demandamos el cumplimiento cabal de todas y cada una de los planteamientos emitidos en la recomendación 78/2009:
Al gobernador del estado le solicitamos que instruya a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que inicie los procedimientos legales a fin de sancionar a los funcionarios responsables de las omisiones en la integración del expediente.
Al Congreso del Estado le solicitamos que en uso de sus facultades cite a comparecer al presidente municipal de Ayutla a fin de que explique la inacción y las omisiones en que incurrió para prevenir la consumación de las ejecuciones extrajudiciales de Raúl y Manuel. Para que repare de manera integral los daños a los familiares de lo defensores y adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de las viudas y sus familias.
Solicitamos también al Congreso del Estado para que en uso de sus facultades eleve un exhortó a la PGR con el fin de que se agilicen las investigaciones para dar con los responsables intelectuales y materiales de estos abominables crímenes contra dos defensores de derechos humanos.
Tlapa, Guerrero, México, a 4 de enero de 2010.
Atentamente:
Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl Lucas Lucía