D.H. De La Montaña informa:

El gobierno de Guerrero

fue negligente y omiso para investigar

las ejecuciones extrajudiciales de Raúl y Manuel   

Las viudas de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y las organizaciones abajo firmantes consideramos que la recomendación 78/2009 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 28 de diciembre del 2009 y publicada el día de hoy en diversos medios de comunicación, pone al descubierto las inconsistencias y omisiones que cometieron las autoridades estatales y municipales de Guerrero, quienes por su negligencia y falta de profesionalismo y compromiso con las víctimas permitieron que se consumaran las ejecuciones extrajudiciales de Raúl y Manuel, dos indígenas defensores de derechos humanos del pueblo Na savi y miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) con sede en Ayutla de los Libres  

La presente recomendación es una muestra del ambiente de inseguridad y de terror que se ha arraigado en varias regiones del estado de Guerrero por la inoperancia y la descomposición que padece el sistema de justicia estatal, que se ha hecho rehén de la corrupción, y que ha colocado en una situación de indefensión extrema a las víctimas y a sus mismos familiares, propiciando con ello un ambiente de impunidad favorable a quienes han perpetrado crímenes de lesa humanidad. 

La recomendación ilustra de manera fehaciente la inacción de las autoridades competentes que hicieron caso omiso a la solicitud de intervención por parte de sus familiares para investigar los hechos y dar con el paradero  de Raúl y Manuel, y lo más grave es que no cumplieron con las funciones básicas establecidas en las leyes fundamentales. Todo el aparato de justicia se desentendió de estos casos hasta que los familiares y los organismos civiles de derechos humanos nos vimos obligados a iniciar una presión nacional e internacional para obligar a que las autoridades cumplieran con la responsabilidad de investigar estos delitos y salvaguardar los derechos humanos de las víctimas.   

La recomendación da cuenta que el Ministerio Público no abrió una investigación formal limitándose a elaborar sólo un acta ministerial, cuando en nuestro estado se encuentra tipificado desde el 2003 el delito de desaparición forzada de personas. Cinco días después de la desaparición de Raúl y Manuel las actuaciones permanecieron sin actividad, fue hasta el 18 de febrero ante la presión nacional e internacional que se empezaron a realizar algunas diligencias; no se abrieron todas las líneas de investigación que permitieran conocer la verdad histórica de los hechos; no se dictaron medidas de protección para las víctimas y sus familiares así como para los testigos; no se brindó atención médica y psicológica; el ministerio público omitió preservar la escena del crimen e instruir a los peritos correspondientes para recabar las pruebas e indicios y otros vestigios que permitieran dar con el paradero de Raúl y Manuel así como con los responsables; también el Ministerio Público omitió realizar una búsqueda y localización de Raúl y Manuel; no solicitó la intervención de los cuerpos de seguridad para tal fin. Todas estas irregularidades y omisiones propiciaron que días después los cuerpos de los defensores aparecieran sin vida. 

Tampoco el secretario estatal de Seguridad Pública, el presidente municipal y el director de seguridad pública municipal de Ayutla cumplieron con su responsabilidad de activar los mecanismos de prevención, a fin de evitar que la desaparición de Raúl y Manuel deviniera en una ejecución extrajudicial. Permanecieron escépticos desde su desaparición  pese a que tres días después de ocurrida el caso era noticia nacional e internacional. Es inconcebible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidencia de la Unión Europea y otros organismos internacionales hayan manifestado su preocupación, mientras que el secretario de Seguridad Pública, el presidente municipal y el director de seguridad pública municipal permanecieran indiferentes ante los delitos de lesa humanidad que implicó la desaparición forzada de Raúl y Manuel.  

Por todo lo referido, el gobierno estatal y municipal es corresponsable del asesinato de los defensores mixtecos. La inacción y la falta de profesionalismo de las autoridades ha propiciado que a la fecha el expediente DGCAP/DF/49/09 mediante  el cual se investigan los hechos, se encuentre viciado de origen lo que a su vez genera que no se pueda dar con los responsables. 

Esta situación de indefensión obligó a que las viudas solicitaran la atracción del caso ante la Procuraduría General República (PGR) como una medida más eficaz que pudiera garantizarles el acceso a la justicia y a la implementación de una investigación imparcial, objetiva y profesional; hasta el momento la PGR se encuentra realizando las indagatorias correspondientes para poder dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales. 

Ante la gravedad del caso, esta recomendación es la mínima contribución que se le está demandando a las diferentes autoridades del estado para subsanar los graves daños ocasionados a sus familiares y con ello mostrar su disposición para coadyuvar en las investigaciones, salvaguardar los derechos humanos de los familiares de Raúl y Manuel, y proceder contra las autoridades responsables, y garantizar la no repetición de estos actos. 

Por otra parte, como viudas de Raúl y Manuel e integrantes de organizaciones sociales y civiles queremos manifestar que la presente recomendación de la CNDH es limitada en razón de que: no reconoce en ningún momento a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas como defensores de derechos humanos y que sus ejecuciones fueron consecuencia de su compromiso por la promoción y defensa de estos derechos. También omitió pronunciarse sobre los actos de tortura de los que fueron objeto y tampoco enmarcó estos graves crímenes como ejecuciones extrajudiciales, dando por concluido el caso, cuando es del conocimiento público que ha sido atraído por la PGR y que en consecuencia las investigaciones siguen vigentes. 

Las organizaciones y familiares de las víctimas demandamos el cumplimiento cabal de todas y cada una de los planteamientos emitidos en la recomendación 78/2009:

Al gobernador del estado le solicitamos que instruya a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que inicie los procedimientos legales a fin de sancionar a los funcionarios responsables de las omisiones en la integración del expediente.

Al Congreso del Estado le solicitamos que en uso de sus facultades cite a comparecer al presidente municipal de Ayutla a fin de que explique la inacción y las omisiones en que incurrió para prevenir la consumación de las ejecuciones extrajudiciales de Raúl y Manuel. Para que repare de manera integral los daños a los familiares de lo defensores y adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de las viudas y sus familias. 

Solicitamos también al Congreso del Estado para que en uso de sus facultades eleve un exhortó a la PGR con el fin de que se agilicen las investigaciones para dar con los responsables intelectuales y materiales de estos abominables crímenes contra dos defensores de derechos humanos.  

Tlapa, Guerrero, México, a 4 de enero de 2010.     

Atentamente:

Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl Lucas LucíaMargarita Martín de las Nieves, viuda de Manuel Ponce Rosas Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM)La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro JuárezRed Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos HumanosFundar, Centro de Análisis e InvestigaciónInstituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM)Centro de Derechos Humanos de la Montaña TlachinollanCentro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y PavónColectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI-Guerrero)Servicio y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)Consejo Ciudadano de ChilapaOrganización de Pueblos Originarios para el Desarrollo AC 

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