Ataque a caravana de observación en Oaxaca deja dos muertos y 4 heridos.

Como organización internacional que acompaña procesos de construcción de paz y a favor de una sociedad que pueda disfrutar plenamente de sus derechos humanos, el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) manifiesta su preocupación por una agresión a una misión a favor de los mismos con el saldo de dos personas muertas y otras cuatro heridas.

Los hechos

El 27 de abril, una caravana de observación de Derechos Humanos fue atacada en la comunidad La Sabana, presuntamente por miembros de la organización “Unión de Bienestar Social de la Región Triqui” (Ubisort), cuando se dirigía al Municipio Autónomo San Juan Cópala. Dicha misión buscaba brindar ayuda humanitaria a los habitantes de San Juan Cópala y documentar su situación, ya que desde hace varios meses se encuentran cercados por el grupo Ubisort. En la caravana, participaron integrantes del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos A.C. (CACTUS), de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), miembros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y observadores de Alemania, Bélgica, Finlandia e Italia.

La caravana, que contaba con 22 participantes, partió el mismo 27 de Huajuapan de León y se dirigía a San Juan Cópala, cuando aproximadamente a las 14.30 horas fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por parte de integrantes de Ubisort, organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalada por ser de corte paramilitar, en La Sabana. En la agresión murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de CACTUS, y el finlandés Jyri Jaakkola, quienes integraban la caravana. Además fue herida de bala Mónica Santiago Ortiz, que fue atendida el mismo día en un hospital en Juxtlahuaca. De David Venegas y Noé Bautista, de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), así como de los periodistas Érika Ramírez y David Cilia de la revista Contralinea se desconocía su paradero hasta el jueves 29. Los dos activistas de VOCAL lograron llegar a Juxtlahuaca y los dos periodistas fueron rescatados, después de haberse escondidas las cuatro personas por dos días en el monte. David Cilia y Noé Bautista también presentaban heridas de bala. Por el impacto que ha tenido la agresión, la Procuraduría General de la República (PGR) ha decidido atraer las investigaciones sobre los hechos.

Antecedentes

Cabe señalar que desde hace años la región de los indígenas triqui, ubicada al noroeste del estado de Oaxaca, sufre un alto nivel de violencia, en el contexto de la disputa por el control político, social y económico de la región, una situación que según organizaciones de Oaxaca, no ha sido atendida debidamente por las autoridades estatales. Las acusaciones mutuas entre las organizaciones Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I) y Ubisort, de ser responsables de muertes o heridos en la región conflictiva, han sido una constante en los últimos años. Cabe subrayar además, que el ataque ocurrió a poco tiempo de darse el inicio de campañas electorales a nivel estatal, lo cual, en ocasiones anteriores, ha implicado una agudización de las tensiones sociales y políticas.

Repudio nacional e internacional

La agresión a la caravana de observación ha suscitado un rechazo enérgico a nivel nacional e internacional, tanto de organizaciones no-gubernamentales como de organismos supranacionales. Así, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), conformada por más de 60 organizaciones civiles de Derechos Humanos en México, emitió una Acción Urgente exigiendo a los gobiernos estatal y federal una investigación exhaustiva e imparcial del ataque y llevar los responsables ante la justicia. También Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México (OACNUDH) condenaron la agresión a la misión. Al respecto, la Red por la Paz, conformada por varias organizaciones de Derechos Humanos y trabajo en favor de la paz en Chiapas de la cual SIPAZ forma parte, expresó: “Vemos con preocupación la situación de vulnerabilidad de las y los que trabajan a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos frente a la cada vez más recurrente violencia política, a la criminalización de su labor y a la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física”.

El gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz (PRI), deslindó al gobierno estatal de cualquier responsabilidad en el ataque ocurrido el pasado 27 de abril. Incluso, cuestionó la participación de extranjeros en esta caravana, advirtiendo que debería investigarse su calidad migratoria. Al respecto, en su comunicado, la Red por la Paz, censuró que “el gobierno de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos“. Además, es de lamentar que las declaraciones del gobierno de Oaxaca se hagan sin tomar en cuenta el derecho de cualquier persona a informarse sobre la situación de derechos humanos en cualquier lugar, como define la Declaración Universal sobre los Derechos de Defensores de Derechos Humanos, firmada y ratificada por México.