-A sus órdenes jefe…

Kerlikowske: ¿orden del zar?

Editorial

La Jornada

El jefe de la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, dijo ayer, con respecto a la estrategia de la administración calderonista en materia de combate al narcotráfico, que “debe realizarse con la policía, no con los militares”, aunque matizó que posiblemente el gobierno mexicano no esté aún en condiciones de prescindir de las fuerzas armadas en esa tarea y de remplazarlas con “una policía profesional y confiable para los ciudadanos”.

El señalamiento fue deslizado entre elogios a la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón y estimaciones sobre el “alto nivel de cooperación y confianza” entre ambos gobiernos, juicios un tanto fantasiosos si se tienen en mente episodios como el abasto de miles de piezas de armamento de alto poder a un cártel mexicano por parte de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) del gobierno de Washington en el marco de la operación Rápido y furioso, y si se consideran los frecuentes encontronazos declarativos que han tenido lugar entre el propio Calderón y altos funcionarios del país vecino.

Pero, incluso en ese contexto, lo dicho por el que recibe, en función de su cargo, el mote popular de zar antidrogas, constituye una crítica ineludible y de fondo al militarismo que la actual administración mexicana imprimió, desde sus inicios, al combate al crimen organizado y al tráfico de drogas.

Es sabido que Washington no es partidario de involucrar a las fuerzas armadas en esa tarea eminentemente policial y se conoce que, al menos en una ocasión, la embajada estadunidense en México operó para sacar de ella a los militares: de acuerdo con cables proporcionados a este diario por Wikileaks, publicados el pasado 15 de marzo, el retiro del Ejército de Ciudad Juárez (en los primeros meses de 2010) fue resultado de la “insistencia” de Washington en ese sentido, como reportó el entonces embajador estadunidense Carlos Pascual.

Otro matiz crítico en las palabras de zar antidrogas es su señalamiento implícito de que actualmente (a casi cinco años de iniciada la belicista política de seguridad actual) el gobierno federal mexicano aún no cuenta con una corporación policial “profesional y confiable”.

El señalamiento de Kerlikowske es, en principio, correcto y coincide con el reclamo de numerosos actores políticos, sociales y académicos que, con base en fundamentos legales, políticos, sociales y prácticos, han demandado a la administración calderonista la desmilitarización de la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, las palabras del funcionario estadunidense deben tomarse con reserva, habida cuenta de que provienen de un gobierno que ha hecho gala de ambigüedad e incongruencia en su política antidrogas y que de manera sistemática pretende ignorar o minimizar sus graves responsabilidades en el cruento conflicto que afecta a la sociedad mexicana: en los hechos, Washington tolera el narcotráfico dentro de su territorio, permite el lavado de dinero en gran escala en sus instituciones financieras, se hace de la vista gorda ante la presencia de capos mexicanos del narcotráfico en localidades como El Paso, Texas, y, para colmo, ha facilitado miles de armas de alto poder a los delincuentes del sur del río Bravo.

Otro elemento de juicio para sopesar las declaraciones de Kerlikowske es la mala impresión que los funcionarios de Washington suelen tener del Ejército Mexicano, e incluso su animadversión contra éste, a juzgar por impresiones transmitidas en cables del Departamento de Estado divulgados por Wikileaks y La Jornada.

Como quiera, y tomando en cuenta el precedente del retiro militar de Ciudad Juárez y el alto grado de injerencia estadunidense y de claudicación del gobierno federal mexicano en materia de seguridad pública, cabe preguntarse hasta qué punto la desmilitarización de la lucha contra el narcotráfico en México constituye un ucase, es decir, una orden inapelable del zar; en este caso, del zar antidrogas.

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