Persecución a protestantes en el sureste advierten

La globalización de los derechos

Carlos Martínez García

De continuar lo que la Alianza Evangélica Española considera “complicidad” gubernamental con las prácticas hostigantes cometidas contra los protestantes, el organismo advierte que llevará el tema al Parlamento Europeo.

Si no es por convencimiento y voluntad política, tal vez los destinatarios de la carta se atrevan a entrarle por conveniencia al asunto que les reclaman. Para que no sean balconeados en foros internacionales.

Es la primera llamada de atención, pero, con seguridad, no será la última.

En una carta dirigida al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el secretario general de la Alianza Evangélica Española, Jaume Llenas, demandó acciones claras de las autoridades mexicanas a fin de proteger los derechos humanos de los protestantes hostigados y perseguidos en Chiapas.

 

La Alianza Evangélica Española reúne en su seno a la mayoría de las denominaciones protestantes/evangélicas del país.

A su vez forma parte de la Alianza Evangélica Europea y de la Alianza Evangélica Mundial, que en conjunto aglutinan cerca de 400 millones de personas. Por lo tanto, el llamado debería ser tomado con seriedad por la oficina del errático secretario de Gobernación.

Lo mismo tendría que hacer la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, la ultracatólica integrante de la sociedad secreta El Yunque Ana Teresa Aranda, a quien la carta tiene como segunda destinataria.

Si a los dos no los han movilizado las reiteradas denuncias de abusos padecidos por los perseguidos, tal vez sí les pueda que el asunto esté ventilándose, por primera vez, con cierta amplitud en Europa.

Fue La Jornada el diario que más espacio brindó a la citada misiva.

El experimentado y conocedor reportero de la fuente religiosa, José Antonio Román, glosó correctamente el contenido del escrito en la edición del 7 de agosto.

La carta manifiesta que la inacción de las autoridades las hace cómplices de las prácticas persecutorias.

Es verdad que ante los agresores los distintos niveles de gobierno –municipal, estatal y federal– con frecuencia echan mano de mecanismos conciliatorios, en los que tratan de convencer a los perseguidores de que cesen sus actos.

Al mismo tiempo advierten a los agredidos de que hagan todo lo posible por no provocar a quienes los hostilizan simbólica y físicamente.

Pasan por alto que no hay un enfrentamiento, sino que nítidamente, una parte es la perseguida y la otra es la persecutoria.

En tales circunstancias corresponde a la autoridad respectiva aplicar la ley, ni más ni menos.

La carta se enfoca en los casos de Chiapas, donde a mediados de los años 60 del siglo pasado comenzaron los actos violentos contra los indígenas evangélicos, preponderantemente en los Altos de Chiapas, y con alta incidencia en el municipio de Chamula.

Pero en los últimos años, en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, de finales de 2006 a la fecha, es en los estados de Guerrero y Oaxaca donde han tenido lugar más actos de intolerancia religiosa contra los protestantes.

Ambas entidades no son incluidas en la misiva de la Alianza Evangélica Española, tal vez por falta de información al respecto y/o porque Chiapas concentra mayor interés en el mundo desde 1994, a raíz del alzamiento zapatista.

Desdeñados por innumerables personajes y organizaciones no gubernamentales que han desfilado por Chiapas desde hace década y media, tal vez porque los consideran indígenas religiosamente incorrectos, los indios protestantes han sido pioneros en la defensa de los derechos humanos.

Fundaron el Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas cinco años antes de que el obispo Samuel Ruiz gestara, en 1989, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

El pormenorizado recuento de una publicación solidaria con los perseguidos consigna que entre 1966 y fines de 1993 fueron expulsados de sus poblados originales, en los Altos de Chiapas, casi 34 mil indígenas.

De esa ominosa cifra prácticamente 90 por ciento fue exiliada forzosamente de Chamula por el caciquismo tradicionalista.

La globalización hace posible hoy, por ejemplo, que un caso de persecución sucedido en un pequeño poblado chiapaneco, Santa Rita, en el municipio de La Trinitaria, sea conocido y provoque reacciones en Europa.

Cada vez será más difícil contener en los ámbitos local y regional los casos sucedidos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Jalisco y otros estados. De alguna manera la información se filtra, y amplía su cauce por medio de la red cibernética.

Conocedores de ello, funcionarios de distintos niveles advierten a los perseguidos que eviten hacer denuncias públicas, para no desprestigiar la imagen del gobernador o de la Presidencia de la República.

Les preocupa más la contención de daños en la pretendida buena reputación de sus protegidos que garantizar los derechos de una minoría religiosa.

El Estado mexicano tiene la responsabilidad de actuar para que donde tengan lugar actos persecutorios, en detrimento de la integridad de los hostigados por su confesión religiosa, se hagan valer las leyes y sean sancionados los transgresores.

Dejar de hacer esto es ser un factor en el ensanchamiento de la impunidad de los atacantes, al tiempo que se vulneran derechos que las autoridades están obligadas a proteger. 

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